Los reguladores de siete estados de EE.UU. se han puesto en contacto con el Departamento de Justicia para que éste «haga algo» para combatir la competencia extraterritorial en el mercado del juego en línea, según informa igbnorthamerica.
Al menos esto es implícito, ya que los reguladores gubernamentales y los representantes de la American Gaming Association (AGA) ignoran sistemáticamente cualquier distinción real entre los sitios de casinos offshore con licencia, los sitios de apuestas deportivas ilegales y el pequeño número de operadores que prestan servicios a jugadores en EE.UU. sin licencia conocida.
Describir a todos los operadores de juegos de azar en línea de la misma manera, como una única entidad, parece poco sincero en el mejor de los casos para el consumidor o el observador informado.
La última iniciativa de relaciones públicas lleva la firma de los reguladores de algunos de los estados con más éxito financiero en el sector del juego como Colorado, Illinois, Luisiana, Michigan, Misisipi, Nevada y Nueva Jersey.
Algunas de las cuestiones planteadas en la carta al Fiscal General de EE.UU., Merrick Garland, se refieren a los peligros reales e irreales que personas mal informadas creen asociados al juego en línea. Entre ellos figuran la verificación de la edad, los problemas de blanqueo de dinero, el juego responsable, la equidad en el juego y la falta de ingresos fiscales de los distintos estados.
La carta también afirma que los operadores extraterritoriales no están sujetos a ninguna obligación de licencia. La gran mayoría de estos puntos son falsos y probablemente se basan en un malentendido de buena fe de cómo los operadores de juegos de azar en línea offshore realmente operan.
Los operadores de la jurisdicción extraterritorial de Curaçao han estado siguiendo esencialmente el mismo protocolo desde mediados de la década de 1990. Estos documentos abordan prácticamente todas las preocupaciones planteadas por los reguladores, incluidas las relativas al blanqueo de capitales.
El emisor de las licencias de juego autorizadas por el Estado se asegura de que los organismos internacionales aborden las preocupaciones relativas a la prevención del blanqueo de capitales, de conformidad con un marco de lucha contra el blanqueo de capitales, y la financiación del terrorismo (ALD/CFT) que comprenden ambos riesgos.
En resumen, los denominados «controles de documentos» -que aplican el 99% de los operadores extraterritoriales, como sabe cualquier jugador extraterritorial- abarcan todos los problemas enumerados, excepto los relacionados con el juego responsable.
