Durante años se ha estado gestando una batalla en el mercado del juego de la Unión Europea (UE), que ha desatado repetidamente la polémica en Malta. Ahora, el pequeño Estado insular quiere dar a sus operadores de juego residentes una capa extra de protección contra cualquier golpe que se les pueda venir encima.
Los legisladores malteses participan en una sesión parlamentaria en la que están estudiando un proyecto de ley que daría a los operadores más protección frente a acciones legales extranjeras. (Imagen: Parlamento maltés vía Twitter)
Malta se está posicionando como un importante centro de operaciones de juego en todo el mundo, atrayendo a muchas empresas que necesitan un lugar donde establecerse. Algunos operadores, entre ellos Kindred, afirman que una licencia maltesa les basta para acceder a toda la UE.
Los reguladores del juego de varios países, como Austria, han condenado esta afirmación y recientemente se ha intentado exigir responsabilidades a Malta. Como consecuencia, los legisladores malteses están estudiando una legislación que, en algunos casos, crearía una barrera entre los operadores y los países de la UE.
El proyecto de ley 55, Ley (modificada) sobre el juego, ya ha pasado dos lecturas en el Parlamento maltés. Primero se presentó el 24 de abril y luego el 23 de mayo.
El proyecto de ley retira a los tribunales malteses la facultad de conceder indemnizaciones por daños y perjuicios en determinados litigios relacionados con el juego. Si un operador se enfrenta a una acción legal en Malta, relacionada con sus operaciones en un país de la UE donde no tiene licencia, los tribunales no podrán actuar.
Esto incluye las demandas de los reguladores de otros países que obligan a los operadores con licencia en Malta a pagar las costas de los reguladores, así como cualquier intento de un consumidor de demandar a un operador en Malta por daños y perjuicios.
Este paso es una medida preventiva para evitar cualquier posible repercusión de los casos en curso. Los tribunales de Alemania, Austria y los Países Bajos ya han dictaminado que las empresas sin licencia de estos países deben compensar a sus usuarios por cualquier pérdida. Para obligar a los operadores a cumplir, los demandantes podrían tener que solicitar la restitución ante un tribunal maltés.
El proyecto de ley autoriza a los tribunales a «negarse a reconocer [y/o] ejecutar en Malta cualquier sentencia [y/o] decisión extranjera» relativa a las condiciones de una licencia de juego expedida en Malta. Argumenta que esta disposición ya está recogida en la Constitución del país.
La Autoridad del Juego de Malta ha declarado en repetidas ocasiones que sus operadores autorizados tienen derecho, en virtud de la legislación de la UE, a servir a los consumidores de toda Europa. Ha citado dictámenes jurídicos en apoyo de la demanda, aunque Austria, Alemania y otros países no están de acuerdo. Sólo una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo resolverá la cuestión.
